Con el propósito de que todo trámite sea completamente digital, la nueva Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos dispone que cada proceso cuente con un sistema de pagos para evitar que el ciudadano se acerque a la institución para concluir el proceso.
Ese es uno de los beneficios que contempla la nueva ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional este martes 14 de agosto.
Para el asambleísta proponente de la norma y presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, esta ley “pone al ciudadano en el centro de la preocupación del Estado; este no está para entorpecer la vida del ciudadano con trámites innecesarios”.
De manera obligatoria, las entidades públicas ya no podrán solicitar información disponible en el Registro de Datos Públicos, como la cédula de identidad para gestionar algún pedido. Además un trámite no se podrá aplicar sin el conocimiento previo de los ciudadanos y toda la información correspondiente debe estar publicada en la página web de cada entidad. Considerando que no todos los ciudadanos están familiarizados con la tecnología, se obliga a las instituciones a exhibir los horarios de atención, la identidad de los funcionarios que asistirán en la gestión de trámites y los mecanismos para conocer el estado de los mismos.
Una vez publicada la ley en el Registro Oficial, los nuevos procesos solo se crearán por ley, decreto u ordenanza. Con miras a reducir la tramitología en el país, por cada nuevo trámite, tendrá que suprimirse al menos uno. Se dispone un plazo perentorio para que los gobiernos autónomos descentralizados resuelvan solicitudes pendientes sobre proyectos inmobiliarios, así como la simplificación de trámites para liquidación de compañías. El Ministerio de Telecomunicaciones será el ente encargado de la aplicación de la nueva ley. La propuesta tuvo gran aceptación entre los asambleístas. María Mercedes Cuesta, del partido Fuerza Ecuador, enfatizó que esta ley mejorará el clima de negocios en el país.
“Una economía moderna no puede funcionar con una regulación engorrosa”.
Fuente: El Telégrafo