Hacia finales del año anterior, las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador (BCE) establecían un crecimiento económico de 3,0% para 2017. Según el BCE se habría comenzado a superar las restricciones que dejó la “gestión” económica del régimen anterior.
Pocas semanas antes de tal difusión, el mismo Banco había previsto 1,5%, vale decir la “mitad” de ese último resultado. ¿Se modificó la previsión por drásticos cambios del escenario de desempeño probable, detectado por nueva información? “Raro”, pues la economía evidentemente arrastraba una inercia negativa desde mayo de ese año, cuando comenzaron a evidenciarse los problemas fiscales y de deuda, desajustes en el mercado del trabajo y precios a la baja, los que aún persisten.
Las cuentas nacionales preliminares, difundidas en el último marzo, atribuyen ese crecimiento de 3,0% al supuesto de que las tendencias trimestrales son susceptibles, por adición, de situar resultados anuales, lo cual es equivocado, según lo relativiza –técnicamente con razón– la consultora PROEstudios (cf. Imacro 38), que anota que hay una confusión entre esos dos escenarios, lo que debe ser corregido.
En fin, las cuentas nacionales revisadas del BCE, publicadas hace poco, reducen el crecimiento para 2017 a 2,4%.
En las tablas respectivas de la Información Estadística Mensual, que aparece en la página web del BCE, www.bce.fin.ec, se muestra también una previsión de aumento del PIB de 2% para 2018. En otra sección, el Banco advierte que ante el envío de la Ley de Fomento Productivo a la Asamblea Nacional cabía “esperar” desde entonces un cambio de tal proyección, por su impacto sobre la economía.
Argumentación, esta última, largamente desafortunada: falta apenas un cuatrimestre para la finalización del año y parecería que las últimas disposiciones del Ejecutivo no alterarían las expectativas “de arrastre” de los agentes económicos, vistos los asuntos aún pendientes (modelo que finalmente sería aplicado, objetivos, plan global, prioridades de inversión pública, diálogo sobre subsidios, entre otros).
Todo esto amerita una “explicación” de parte del Central, con fines de confianza ciudadana.
La calificadora Fitch, por su parte, hizo asimismo pública una estimación de 1,1% de crecimiento del PIB para 2018, sugiriendo que la tendencia recesiva de la economía podría acentuarse, en medio de un todavía alto riesgo país.
La calidad de las proyecciones de desempeño depende de muchos factores, en particular de la información estadística de base y del tipo del modelo de apoyo utilizado. Hay sectores que las relativizan, pues asumen que por lo general adolecen de condicionamientos respecto del esquema macroeconómico que tratan de describir en el corto plazo. Es más difícil pensar el largo plazo, claro.
Pero, como fuere, hay métodos de estimación útiles, que han sido probados y que se ajustan –con bastante certeza– a los hechos que procuran describir. Es el caso del Imacro, indicador mensual del nivel de actividad que difunde PROEstudios y del que hemos dado cuenta regularmente en esta columna. Este indicador sigue la metodología de otros similares (el Imacec del Banco Central de Chile; el “PIB Mensual” del INEI de Perú), que son referencias válidas en los países citados.
La previsión que difundirá en estos días PROEstudios señala que el PIB crecería en apenas 0,9% en 2018 respecto a 2017. Esta previsión confirma expectativas de que los plazos para reinstalar un clima de confianza en la economía todavía no se han consolidado. Para PROEstudios, “… entre las explicaciones para este magro resultado, debe estar la incertidumbre generada en el tiempo que ha transcurrido entre el anuncio de un plan económico –que no acaba de redondearse– y la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, cuyos resultados aún no pueden apreciarse”.
Anota, además: “… la discusión sobre el ajuste económico, del nuevo precio de los derivados de petróleo, por ejemplo, debió retardar decisiones de inversión. Por otro lado, subsiste la percepción de que no hay un esfuerzo sostenido en la reducción del gasto fiscal, aunque las autoridades económicas han anunciado una fuerte baja en el déficit global”.
Refiere PROEstudios que el responsable de Economía y Finanzas precisó en rueda de prensa que el objetivo más importante del conjunto de medidas es solucionar la crisis fiscal, recortando estructuralmente el gasto corriente, con la meta de registrar “equilibrio fiscal primario” en el año 2020 o, a lo sumo, en el 2021, según lo dispone la citada Ley. Si bien el problema estructural de las finanzas públicas es aún el gasto corriente, se ha aprobado acceder a más financiamiento en estos años, al margen de la disposición constitucional del tope de endeudamiento de 40% del PIB.
Un reto difícil la compatibilización de objetivos que podrían resultar contrapuestos –recorte del gasto público, equilibrio fiscal y eventualmente deuda creciente, teniendo en cuenta sobre todo la coyuntura electoral que se aproxima–, lo que exigirá una prudencia extrema, pues los inversionistas podrían cambiar sus percepciones (equivalentes, insistamos en ello, al impacto de la conocida “equivalencia ricardiana” de la literatura económica) si hay constatación de desvíos respecto de la programación objetivo prevista, máxime en un contexto de flujos que continuaría mostrando las dificultades derivadas al postergarse el alcance de las metas óptimas esperadas por los agentes económicos.
La proyección de PROEstudios es una alerta clara en el contexto. La teoría rescata la necesidad de aplicar políticas contra cíclicas integrales y, aunque luzca repetitivo, basadas en objetivos país, prioridades y planes integrales concordantes, junto a la redefinición del papel del sector público, al que debe corresponderle un papel de orientador eficiente. La actitud de un empresariado consciente, que cumpla las tareas que le corresponden y solo esas, y de trabajadores involucrados en un proceso que respete los derechos de todos, así como un combate franco a la corrupción, son las otras aristas de lo anotado. Esto debe ponerse en práctica.
Como diría Hannah Arendt, “aún en los tiempos de oscuridad tenemos el derecho a esperar alguna iluminación”. Después de la última década, en la que prevaleció una alineación negativa de lo público –y también de ciertos sectores privados–, es hora de exigir racionalidad y consecuencia con los valores nacionales.
Las políticas definidas ex ante no siempre tienen los resultados previstos ex post. Hay que agotar el examen de la integralidad de impactos esperados y de los trade-off que se podrían tener enfrente.
Es claro que también hay divisiones entre políticas macroeconómicas y políticas de cambio estructural (que tienen una connotación de futuro, finalmente) y entre políticas de estabilización y de crecimiento económico (las primeras, centradas en la gestión de la demanda agregada, las segundas en la oferta). También retos como la innovación tecnológica en las industrias y su efecto en el mercado del trabajo continúan pendientes y exigen definiciones en términos de un modelo global, a fin de no comprometer los objetivos de largo plazo. Todo al mismo tiempo. El ejercicio del poder debía considerarlo y asumirlo. ¿Será así?
Fuente: El Universo
