Las plataformas digitales han sido elegidas como el objetivo a batir por las Haciendas públicas. Existe, desde hace años, un programa de trabajo, el BEPS, siglas en inglés de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios, dentro del club de los países más desarrollados del planeta, la OCDE.
La primera acción prevista tiene que ver con la adaptación de la fiscalidad a la economía digital. Esto ha hecho que algunos economistas, en general del campo socialista, sitúen a las plataformas como enemigos de la responsabilidad fiscal. Los señalan como «los malos de la película» cuando podría tratarse exactamente de lo contrario.
La economía digital ha desestructurado los procesos empresariales. Es conocido que hoy tenemos empresas de transportes que no tienen vehículos (Uber) o de alojamiento turístico sin hoteles (Booking) o sin propiedades (AirBnb). Además, ha deslocalizado los procesos que se prestan en un sitio determinado, pero cuyos insumos pueden estar en cualquier parte.
Ahora, los Estados han comenzado un estudio minucioso de estos fenómenos que les ha llevado a reflexionar sobre dónde están los nuevos sujetos tributarios, si los hay, y cómo hay que definirlos técnicamente. Algunos lo han hecho con un trazo muy grueso, como Australia. Este año la Unión Europea ha hecho su propia propuesta.
Ésta consiste en dos tributos: un impuesto, incluido en el de Sociedades, a los beneficios de las plataformas digitales, aunque éstas no tengan presencia física en un país, y otro aplicable a nuevos sujetos imponibles. En el primer caso, tributarán aquellas plataformas que ingresen más de siete millones de euros anuales o tengan más de 100.000 usuarios en un país miembro o generen más de 3.000 contratos de servicios por año. En el segundo caso, quedará gravada la venta de publicidad ‘online’, la venta de datos y la intermediación digital que dé como resultado operaciones comerciales.
Pero lo más interesante está ocurriendo en el diálogo entre las plataformas y los hacendistas. Para demostrar que tributan exclusivamente por sus beneficios, las plataformas tienen que acreditar quiénes les prestan determinados servicios si quieren imputarlos como insumos. Y en este sector la mayoría de las transacciones son electrónicas, o sea, dejan rastro. Hace poco, el directivo de una plataforma sostenía que ellos no hacen más que poner en contacto al cliente con el prestador del servicio y que es Hacienda la que debe exigir a éste su parte de la renta generada. Todo esto nos puede llevar a fenómenos nuevos como la microtributación.
Resulta significativo que donde mayor éxito han tenido las plataformas es en áreas donde la economía sumergida siempre ha tenido mucho predicamento: el transporte, el ‘retail’, la hostelería y la restauración. Puede suceder que estos nuevos actores digitales que están siendo señalados como evasores fiscales acaben contribuyendo a frenar una de nuestras grandes lacras que es la economía sumergida.
Fuente: El Mundo
